Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el propósito de garantizar el acceso a la educación y fortalecer los procesos de reintegración social de adolescentes en conflicto con la ley, el diputado local, Adrián Cruz Martínez, presentó una iniciativa para adicionar el artículo 44 Bis a la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas.
La propuesta plantea que la Secretaría de Educación, en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y las instituciones competentes en materia de justicia para adolescentes, establezca mecanismos que permitan la reinserción escolar de este sector de la población, de acuerdo con sus respectivas competencias y la disponibilidad presupuestal existente.
En la exposición de motivos, el legislador señaló que la educación constituye un derecho humano fundamental y una herramienta clave para prevenir la violencia, promover la inclusión social y reducir los factores que propician la reincidencia delictiva entre los jóvenes.
Cruz Martínez destacó que los adolescentes que enfrentan procesos dentro del sistema de justicia suelen experimentar rupturas con el sistema educativo formal, situación que incrementa los riesgos de exclusión social, vulnerabilidad y rezago académico.
La iniciativa cita diversos estudios y disposiciones internacionales que reconocen la importancia de la educación como un factor determinante para la reintegración de adolescentes infractores. Asimismo, refiere que el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligación de promover la reintegración social de quienes hayan infringido la ley, garantizando el respeto a su dignidad y sus derechos fundamentales.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2023 se registraron más de 31 mil adolescentes involucrados en investigaciones y carpetas abiertas dentro del sistema de justicia para adolescentes en México, cifra que representó un incremento respecto al año anterior.
El diputado local sostuvo que criminalizar a los jóvenes que han cometido conductas ilícitas no contribuye a su rehabilitación y, por el contrario, dificulta su integración social. Por ello, consideró necesario impulsar políticas públicas orientadas a la restitución de derechos, especialmente en materia educativa.
La propuesta también se encuentra alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente con los relacionados con educación de calidad, reducción de desigualdades y fortalecimiento de instituciones que promuevan la paz y la justicia.
De ser aprobada por el Congreso del Estado, la reforma permitiría establecer por primera vez en la legislación educativa de Tamaulipas una disposición específica para impulsar la reinserción escolar de adolescentes en conflicto con la ley, mediante acciones coordinadas entre las autoridades educativas, asistenciales y de procuración de justicia.
El dictamen recibió el apoyo de los legisladores, por lo que fue aprobado de inmediato.